Escrito por: Stefanie Figuerosa
Editado por: Angelo Avila
El número de mujeres en los reclusorios ha ido en aumento en el país, hasta el 12 de julio de 2020 se registraron 1,222 féminas presas a nivel nacional.
En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), los niños desarrollan sus primeros años de vida junto a sus madres privadas de libertad.
Esta cárcel aloja hasta la fecha casi 50 niños que conviven con sus madres a lo interno del área conocida como “casa cuna” hasta que los infantes llegan a la edad de cuatro años.
Culminado este período, los infantes son entregados en primera instancia a un pariente de la privada de libertad, en caso de no haber un familiar responsable, es cedido a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
Psicólogos señalan que los menores de edad sufren considerables daños emocionales dentro de las cárceles, aún estando con sus madres debido a que en el interior se viven situaciones violentas y de lenguaje inadecuado.
Dentro del área materno infantil pueden darse conflictos, como el hecho de que un niño golpee a otro cuando sus madres no los observan. La situación puede llegar a ser crítica, llegando al punto de que una madre puede llegar a sacar un arma.
Estos niños viven en un entorno prácticamente gris, pues solamente conviven con mujeres ligadas a estructuras criminales y castigadas por diversos crímenes.
Los infantes llegan a sufrir de estrés tóxico, lo cual termina provocando desórdenes emocionales, dificultad en el aprendizaje, baja autoestima y se vuelven propensos a consumir sustancias narcóticas cuando llegan a la adolescencia.
Denuncias en cárceles
Las muertes y recurrentes actos de violencia en cárceles del país evidencian la falta de orden, autoridad y protección a los derechos humanos de los privados de libertad.
El sistema penitenciario ha sido y continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores, especialmente por organismos internacionales dedicados al monitoreo de la situación en estos lugares.
Durante el período de 2019 al primer trimestre de 2022, se registró un total de 1,074 quejas interpuestas por privados de libertad y familiares,; de esta cifra 300 fueron atendidas durante 2022.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) en sus informes y recomendaciones ha señalado reiteradamente los irrespetos a los derechos humanos y las deficiencias en los centros penales del país.
El CONADEH aseguró que el 32% de las quejas, es decir 344 quejas, fueron interpuestas por las personas privadas de libertad durante visitas e inspecciones realizadas por personal del organismo público en pro de los Derechos Humanos.
Por otro lado, 279 quejas, que representan el 26% del total de quejas, fueron de familiares que se acercaron a las oficinas departamentales a denunciar los diferentes problemas que afectan a sus familiares.
Las restantes 451 de las quejas se dieron por los diferentes medios habilitados por la institución, para facilitar a la ciudadanía realizar sus denuncias.
Entre esas vulneraciones se encuentran la falta de atención de salud, abuso de autoridad, tortura, hostigamiento, malos tratos a familiares y retardo en la aplicación de la justicia.
La falta de servicios básicos deficientes es otro problema que se siguen presentando a lo largo de los años, impidiendo dar un trato digno que garantice las condiciones dignas mínimas establecidas.
A estas violentaciones también se suma el hacinamiento, la violencia dentro de los centros penales, los cuales han sido motivo de noticias en los últimos meses.
Acciones del Estado
Frente a este grave problema, el Estado planteó como respuesta fundamental la construcción de mega cárceles, y optó por instalar centros de detención para reos comunes en instalaciones militares.
La primera de estas mega cárceles fue el Centro Penitenciario de El Porvenir “Siria”, construida en la aldea Tumba la Olla, en el municipio de El Porvenir, situado en el departamento de Francisco Morazán.
Este centro penal cuenta con una capacidad para 2,000 reclusos y fue inaugurada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) el 12 de febrero de 2015.
La segunda mega cárcel conocida como “La Acequia” está ubicada en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, la cual proyecta una capacidad de alojamiento de 2,500 personas.
Otras medidas tomadas por el Estado para reducir este flagelo fue la aprobación de alternativas a la prisión preventiva y la liberación de 1,600 personas por parte de jueces.
Privados esperan sentencia
Según los datos registrados del INP, al 30 de abril de año 2022 se contabilizó una población de más de 21 mil personas privadas de libertad en los 28 centros penitenciarios.
De esta cifra, entre el 50% y 55% de privados de libertad están en la cárcel pero a la espera de una sentencia definitiva, lo que representa alrededor 11,550 personas.
Hasta finales de abril de 2022, el Centro Penitenciario de Támara es el lugar donde existe la mayor cantidad de personas privadas de libertad esperando una sentencia, con 2,439 casos.
Seguidamente el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso con 1,371 y Centro Penitenciario del Valle de Siria, El Porvenir, con 1,288 reclusos.
Atlántida es el departamento donde se presentan el mayor número de quejas por el retraso en la aplicación de la justicia.
Durante los últimos cuatro años, 397 hombres y 54 mujeres manifestaron sentirse afectados por esos retardos, ya que tienen que vivir expuestos a diversas condiciones precarias mientras esperan que su inocencia sea comprobada.
El CONADEH dejó ver su preocupación ante esta situación, pues más de la mitad de las personas recluidas aún no son sentenciadas.
De igual forma, el Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó en su informe publicado el pasado 20 de marzo, que las autoridades hondureñas han sido incapaces de controlar la actividad delictiva dentro de los centros carcelarios, señando que el 46% de las privados de libertad se encuentran bajo condición de prisión preventiva.
Violencia en cárceles
Las autoridades de CONADEH sin duda alguna observan con mucha preocupación las muertes que se dan bajo custodia, mismas que son potencialmente ilícitas.
En ese sentido, los frecuentes episodios de violencia y muertes de privados de libertad en los centros penitenciarios es un reflejo de la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos de cada persona.
Al menos en ocho incidentes en centros penitenciarios han dejado cerca que 54 privados de liberad perdieran su vida y que múltiples resultaran heridas.
Según el reglamento sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, se debe prohibir y proteger a los privados de libertad de toda forma de tortura.
En estas formas de tortura están incluidos malos tratos crueles e inhumanos, así como el incumplimiento de su seguridad, la del personal penitenciario, proveedores de servicio y familiares de los reclusos.
Cabe recalcar que el principio de igualdad y no discriminación que establece la CIDH indica que toda persona privada de libertad es igual ante la ley.
De igual forma, todas estas personas tienen derecho a igual protección ante la misma y ante los tribunales de justicia a nivel nacional.
Según cifras del CONADEH, el departamento en donde más quejas se han atendido es el departamento de Atlántida, pues esta zona del país alberga en su población a una de las diversas etnias del país.
Delitos más comunes
Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad, los delitos más comunes cometidos en Honduras durante el primer semestre de 2022 fueron homicidios, abuso sexual infantil, robo, extorsión y narcotráfico.
En 2021 hubo 3,893 víctimas de homicidio, en los primeros seis meses de 2022 hubo 908 víctimas más; lo que significa que las cifras han reducido durante este año, sin embargo, siguen siendo altas.
Por otra parte, cada seis horas se recibe una denuncia por abuso sexual infantil, se estima que solo el 2% de los casos son denunciados, por diversos motivos.
La cantidad de denuncias por robo ha aumentado todos los años desde 2015, salvo en 2020 debido al confinamiento. En 2021 hubo 18,057 denuncias a nivel nacional, de estas solo 218 fueron condenadas.
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), conocida ahora como la Dirección Policial Anti Mara y Pandillas Contra El Crimen (DIPAMPCO), en 2021 recibió 1,908 denuncias de hondureños que fueron víctimas de extorsión.
Una investigación de Honduras Verifica reveló que entre 2013 a 2021, se detuvieron a 3,140 personas por extorsión, de las cuales 354 de los capturados eran menores de edad, equivalente al 17% del total de extorsionadores.
El presupuesto destinado para la Secretaría de Seguridad para el vigente año ascendió un 17%, pasando de 7.85 millones de lempiras a 9.2 millones de lempiras.
Sin embargo, aún no hay una visible inversión en materia de seguridad a lo interno de los centros carcelarios, donde los motines y conflictos violentos siguen ocurriendo como si no existieran autoridades.
