La violencia e inseguridad han forzado a muchas personas a tener que abandonar su hogar, envueltos entre el miedo del peligro acercándose pero sin perder la esperanza de que todo mejorará.
De 2018 a 2022, se registraron 65 casos de desplazamiento forzado contra personas de pueblos indígenas y ancestrales. El 71 por ciento de los casos fueron por amenazas y extorsión.
Según cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), seis de los siete grupos étnicos existentes del país han sido desplazados forzosamente. Únicamente los Tawahkas no reportaron denuncias de desplazamiento forzado.
La información se obtuvo a través del Sistema de Información en Línea Hondureño (SIELHO) por medio de la solicitud de información SOL-CONADEH-302-2023.
2021 fue el año con mayor reporte de desplazamiento forzado, registrando el 38 por ciento de denuncias totales en los últimos cuatro años. En otras palabras, 25 de los 65 casos se dieron en este año.
Comparado a 2020, el cual solo registró 8 casos, representa un aumento del 68 por ciento. No obstante, en 2022 hubo una disminución del 48% al contabilizarse 13 casos.
Por otro lado, 2018 y 2019 juntos registraron 19 casos; diez de ellos en 2018 y nueve el año siguiente.
Definición de desplazamiento forzado
Se le conoce como desplazamiento forzado a la migración involuntaria (sea interna o externa) derivada de conflictos causados por el hombre, como guerras, persecusión, violación de derechos humanos o violencia generalizada. De igual forma, el desplazamiento forzado puede ser resultado de desastres naturales.
Causas
La violencia y el riesgo de perder la vida han sido los principales motivos por los que las personas de estos pueblos han abandonado sus hogares.
A través de la información recibida por el CONADEH, se constató que los 65 casos de desplazamiento forzado derivan de 11 razones.
Las amenazas constituyen el 58 por ciento del total de desplazamientos, con 38 casos entre 2018 a 2022. El año en el que más amenazas se denunciaron fue 2021, con 18 denuncias de garífunas,misquitos, pech y lencas.
En una investigación de Honduras Verifica, las amenazas fueron el delito más denunciado ante el Ministerio Público entre 2018 a 2022, constituyendo el 74.6% de denuncias.
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La segunda causante de estos desplazamientos ha sido la extorsión, con ocho denuncias. Este delito conforma el 14 por ciento de los motivos de desplazamiento forzado.
Cabe señalar que en investigaciones realizadas por el CONADEH, de 5,081 desplazamientos forzados ocurridos entre 2016 a 2021, el 10 por ciento fueron por extorsión.
El tercer motivo del desplazamiento forzado se debe a asesinatos,reportando cinco. Por otro lado, la tentativa de homicidio ha sido el cuarto motivo por el cual personas de los pueblos étnicos han tenido que renunciar a su hogar, con cuatro casos que equivalen al seis por ciento.
En menor medida, se dieron dos casos de desplazamiento por despojo de tierras, violencia doméstica y violencia sexual respectivamente.
Por otro lado, las denuncias por secuestro, usurpación de propiedad, desaparición forzada y violencia intrafamiliar solo suman una respectivamente en los motivos mencionados.
Etnias más afectadas
Los garífunas son quienes más se han visto en situaciones de peligro que los ha orillado a huir de donde viven. De ese modo, es la etnia que conforma el 43 por ciento de los desplazamientos forzados en los últimos cuatro años. Esto se traduce en 28 casos.
El año con con más desplazamientos de esta población fue 2021 con once casos. Por el contrario, 2018 solo registró un caso, el cual fue por extorsión.
La segunda etnia que más ha tenido que desplazarse involuntariamente han sido los misquitos. De este pueblo, se reportan 17 casos, de los cuales las amenazas y asesinatos constituyen el 59 por ciento (siete amenazas y tres asesinatos).
El año en que más peligro representó para miembros de la población misquita fue 2021 con nueve casos; seis amenazas, un asesinato, violencia intrafamiliar y usurpación de propiedad.
Por otro lado, se dieron nueve desplazamientos contra personas pech y seis contra tolupanes. Por parte de los Pech, se registran seis denuncias de amenazas, dos de extorsión y un caso de violencia doméstica. En cuanto a la etnia tolupán, se dieron cuatro casos de desplazamiento por amenazas, un caso por despojo de tierras y otro por tentativa de homicidio.
A diferencia de las cinco etnias mencionadas, los mayas-chortís solo reportaron un caso de desplazamiento forzado en 2018, el cual se originó por despojo de tierras.
Aprobación de ley
El 21 de diciembre de 2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
La ejecución de lo contemplado en esta ley se llevará a cabo como un trabajo interinstitucional entre la secretaría de Derechos Humanos (SEDH), secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la secretaría de Seguridad, secretaría de Salud, entre otras.
Este nuevo instrumento jurídico ordena la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado (SINARDEF).
Este sistema será integrado por tres organismos. El primero es la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas Forzadamente (CIPPDEF), la cual tendrá la responsabilidad de formular las políticas del sistema.
Seguida de esa comisión, estará la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente (DPPIV). Esta dirección es de carácter operativo, al mismo tiempo que organizará medidas de prevención y protección contra el desplazamiento forzado.
Cabe destacar que el otro órgano se trata de las Unidades Municipales para la Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente (UMAPPDEF).
De acuerdo a la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la violencia ha desplazado internamente a más de 247,000 hondureños entre 2004 a 2008. De esta estadística, el 55 por ciento han sido mujeres.
