Crimen organizado secuestra al transporte en la capital de Honduras

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El medio Honduras Verifica publica de manera íntegra esta investigación de Criterio.hn, en el marco de una alianza estratégica de divulgación. 

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Autores: Luis Escalante y Daniel Girón

Edición: Emy Padilla

Portada y diseño: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. – Según testimonios, datos y versiones oficiales recabadas en esta investigación, movilizar drogas, armas o municiones y transportar mareros o pandilleros es una de las modalidades que más utiliza el crimen organizado para infiltrarse dentro del transporte urbano en la capital hondureña, especialmente en los taxis.

En las tareas de inteligencia e investigación que efectúa la Secretaría de Seguridad, se ha identificado que para los taxistas ―y transportistas en general― existen tres formas de colaborar con el crimen organizado: la primera es como miembro activo, es decir, el que conduce la unidad de transporte es integrante de la mara o pandilla y anda en la ruta ejerciendo actividades delictivas. La segunda sería siendo simpatizante, es decir, se identifica con la agrupación criminal, pero no es miembro activo. La tercera sería una persona que esté siendo amenazada o intimidada.

La infiltración del crimen organizado en el transporte también estaría involucrando a la Policía, según testimonios recabados por Criterio.hn que ubican a los elementos de la institución uniformada en el nivel de cómplices y por la develación pública originada en 2014, cuando en una posta policial capitalina se encontraron libretas extorsivas.

Criterio.hn conversó con un taxista con más de 28 años de experiencia piloteando su unidad por las convulsas calles del Distrito Central, la capital de Honduras, a quien por razones de seguridad identificaremos como Javier Francisco.

“Hace poco salió de la cárcel y, por mi vida, lo metí a trabajar acá en el punto. Desde la mara me dijeron que colaboráramos; pues, bien, la mara me lo infiltró. Tengo mucho cuidado con él, claro, porque con esa gente no se puede jugar”, dice don Javier Francisco.

Son las 8:09 de la noche de un sábado de febrero. Un poco distraído por el partido de su equipo, Olimpia, que empata a cero goles contra Olancho, don Javier Francisco está en su casa. Su esposa acaba de llegar después de comprar carne asada para la cena, y él, con cierto temor reflejado en la temblorosidad de su voz, cuenta cómo, en el punto de taxis que coordina desde hace 10 años, le tocó emplear recientemente a un miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13).

“A él, Moisés, lo agarraron con unas libretas de extorsión, y hace poquito salió. Lo habían agarrado en 2021 con drogas y dinero de extorsión. Ahora está trabajando acá; él entró porque la mara lo mandó”, agrega el taxista, quien con el tiempo se acostumbró a convivir con la MS-13. Es lo normal en la colonia donde reside, al sur de la capital hondureña.

No es la primera ni la única vez. Criterio.hn le consultó a don Javier Francisco si conoce a más personas del punto en el que labora que sepa que le han hecho “mandados” a la mara.

― ¿Hay más taxistas de ese punto que han tenido familiaridad con la mara?

―Sí, hubo otro que está preso, era Joel, ya lleva como cuatro años en la cárcel. Lo agarraron por extorsión, con un paquete dentro del taxi, en Lomas de Toncontín, en la zona sur de la capital hondureña.

Pero don Javier Francisco insiste en que son casos aislados dentro de su punto de taxis y asegura que, debido a que nunca se ha prestado a hacer trabajos a la mara, está tranquilo viendo jugar al Olimpia en sus horas de descanso, pero esa tranquilidad que dice sentir es pasajera cuando se relaja a ver los partidos de fútbol, porque la angustia lo persigue mañana, tarde y noche al recordar que está secuestrado y que trabaja a diario junto a un miembro activo de la MS-13.

Diferentes modalidades, mismos objetivos

El relato de don Javier Francisco nos retrata cómo el crimen organizado está profundamente arraigado en el transporte urbano del Distrito Central, tanto que ha encontrado formas eficientes de operar en los autobuses y en los taxis.

Aunque los métodos pueden variar, los objetivos principales continúan siendo los mismos: obtener ganancias a través del cobro de extorsión, utilizar las unidades para cometer actividades ilícitas e impedir el ingreso de miembros de otras agrupaciones criminales distintas a las que dominan en esos sectores.

En el caso de los autobuses, el empresario del transporte urbano Jorge Lanza contó que el crimen organizado, a través de las agrupaciones criminales tradicionales, que poseen más poderío, comenzó en 2023 a asignar conductores y ayudantes para trabajar en las unidades en las rutas capitalinas más peligrosas para fortalecer su hegemonía delictiva.

“Las agrupaciones criminales más poderosas están dictando órdenes y directrices sobre qué personas serán el chofer y el ayudante de la unidad”, reveló a Criterio.hn Lanza, mientras era entrevistado en su taller de repuestos ubicado en una populosa colonia, muy cerca de un cementerio capitalino.

Lanza, propietario de las unidades de autobús con terminal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sin ningún tipo de resquemor, porque, según él, está cansado de lidiar con estructuras delictivas, contó que, si por algún motivo se rehúsan a acatar el mandato ilegal, “la salida del conflicto es una amenaza o incluso hasta la muerte”.

Las colonias Cerro Grande, Honduras, Villanueva, El Rincón, El Sitio y 28 de Marzo son algunos de los sectores capitalinos en donde los transportistas y las mismas autoridades policiales han identificado presencia criminal de las estructuras criminales tradicionales y otras que han surgido.

“Todas estas zonas son realmente peligrosas. Si un conductor no está alineado con los mareros o pandilleros locales, lo sacan y ponen a alguien de su preferencia”, expuso Lanza y, de igual manera, dejó claro que, aunque ya lo denunciaron, las autoridades no dan una respuesta oportuna, lo que podría desnudar algún tipo de complicidad con estas agrupaciones delincuenciales.

Sin embargo, el hecho de que tanto el conductor como el ayudante del autobús tengan simpatía o sean impuestos por la organización criminal, que opera en el punto de partida, no exime a los transportistas de efectuar pagos de extorsión a otras bandas delictivas, ya que la ruta atraviesa áreas donde están presentes varias agrupaciones criminales.

La infiltración del crimen organizado dentro del transporte urbano en la capital hondureña, especialmente en los taxis, opera mediante diversas dinámicas, por ejemplo, si la MS-13 necesita vender drogas en un territorio dominado por su rival, la pandilla Barrio 18, lo hace a través de taxistas. De esta forma, para un bandera o palabrero (una especie de informante e intermediario de las maras y pandillas), de cualquiera de estos dos grupos criminales, identificar un intento de competencia resulta más complejo.

Además, las unidades de taxi son utilizadas por las maras y pandillas para transportar armas, municiones y dinero en efectivo obtenido mediante extorsiones o la comercialización de drogas, ya que pueden pasar desapercibidas en operativos o retenes policiales, según confirmó a Criterio.hn un oficial de inteligencia del Estado hondureño.

“Para el miembro de la mara y pandilla resulta un poco más cómodo utilizar los taxis, porque son más unidades, andan fuera de ruta y pasan desapercibidos. Con los taxis, lo que más se da es el traslado de drogas, armas, dinero en efectivo, traslado de miembros de maras y pandillas, y hasta traslado de cadáveres”, explicó el funcionario de las fuerzas de seguridad del Estado, quien, aunque habló desde el anonimato para proteger su identidad ante el crimen organizado, ayudó a cotejar elementos contenidos en esta investigación.

Todos lo saben ―o, al menos, creen saberlo―, todos lo sospechan y todos lo comentan en las calles de la capital hondureña: el crimen organizado ha secuestrado al transporte urbano. Para muchos taxistas capitalinos, “hacerle mandados” a la MS-13 o a la pandilla Barrio 18 es lo normal.

Denuncias, la punta del iceberg del fenómeno

Expedientes del Ministerio Público, a los que accedió Criterio.hn, dan crédito que, entre 2019 y 2023, solamente en el Distrito Central, fueron denunciados 23 taxistas por los siguientes delitos: tráfico de drogas, facilitación de medios de transporte para tráfico de drogas, portación ilegal de armas, armas de uso comercial y municiones, asociación ilícita y asociación para delinquir.

Específicamente, 11 fueron denunciados por delitos relacionados con portación ilegal de armas o municiones, 10 por delitos relacionados con el tráfico de drogas y dos por asociación ilícita o asociación para delinquir.

En el caso de los empleados de autobús el número de denuncias por delitos de este tipo fue inferior, con apenas cinco. En este período, también hubo tres denunciados contra los trabajadores de este rubro por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y otros dos por delitos relacionados con tráfico ilegal de armas y municiones.

También en este mismo periodo se reportaron 21 denuncias por delitos como robo, robo agravado, robo con fuerza, robo con intimidación y robo con violencia que engloba a la generalidad de los empleados del transporte, es decir, taxistas y cobradores de autobús. A pesar de estas acusaciones, el Ministerio Público sólo presentó tres requerimientos fiscales por robo con violencia, uno en 2020 y los otros dos en 2021.

Los datos facilitados por el Ministerio Público establecen que por los delitos de tráfico de drogas y facilitación de transporte para tráfico de drogas se presentaron 41 requerimientos, frente a tan sólo 13 denuncias de ciudadanos. Lo anterior sugiere que el procesamiento fiscal podría incluir casos pendientes o que haya acciones de oficio por parte de las diferentes fiscalías.

Por último, contra transportistas capitalinos se presentaron 12 denuncias por delitos vinculados con la portación ilegal de armas, armas de uso comercial y municiones. Sin embargo, únicamente se presentaron cuatro requerimientos fiscales por estos delitos, tres de ellos por portación ilegal de armas de uso comercial y uno por portación ilegal de armas.

En conclusión, para las personas que residen en el Distrito Central abordar una unidad de transporte urbano conlleva un riesgo tangible de exponerse a situaciones delictivas, ya que algunos individuos en el gremio utilizan su ocupación como fachada para llevar a cabo actos criminales.

Organizaciones criminales que se lucran

Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS-13), Los M1, El combo que no se deja y Los Puchos serían algunas de las agrupaciones criminales a la que cada unidad de transporte urbano capitalino entrega en promedio alrededor de 2,500 lempiras semanales, [USD 100] de acuerdo con representantes del transporte urbano.

En la capital hay 1,659 unidades de autobuses urbanos a las que se les ha otorgado el permiso de explotación, por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Sin embargo, también existe una cantidad incalculable, no registrada oficialmente, que circula sin concesión, lo que conlleva a los propietarios a sobornar a las autoridades en caso de ser requeridos.

Los transportistas no sólo son víctimas de la institucionalidad, sino que además se enfrentan al crimen organizado debiendo pagar sumas millonarias en extorsión.

En matemática simple: el sector del transporte urbano capitalino, específicamente los autobuses, entrega al crimen organizado semanalmente 4,147,500 lempiras [USD 168,000]; mensualmente, 16,590,000 [USD 672,000], y anualmente, un aproximado 215,670,000 millones de lempiras [USD 8.7 millones], según estimaciones del empresario del transporte, Wilmer Cálix.

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La policía también acecha a los transportistas

En noviembre de 2011, a raíz de la doble ejecución de los jóvenes universitarios Carlos David Pineda y Rafael Vargas Castellanos, en manos de agentes de la posta policial del barrio La Granja, ubicada en la zona sur de Comayagüela, la Policía Nacional fue expuesta por su infiltración en el crimen organizado.

A partir de este hecho la estación policial fue intervenida y la Policía Nacional entró en un fallido proceso de depuración en el que participó la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, madre de Rafael Vargas Castellanos, uno de las jóvenes víctimas de la violencia policial.

El tema cobró fuerza en abril de 2014, cuando los periódicos hondureños comenzaron a informar que algunos uniformados, asignados en la citada estación policial, estaban involucrados en la comisión de diversos delitos e incluso utilizaron vehículos de la Policía Nacional.

Algunos de los miembros de esta banda criminal de uniformados, que habían sido bautizados como El Cártel de La Granja, fueron desarticulados días después de que la denuncia comenzara a ganar importancia. Varios funcionarios policiales fueron arrestados después de asaltar a un ciudadano que minutos antes había retirado 72 mil lempiras de una institución bancaria.

A estos funcionarios, que estaban asignados en esa estación policial, según notificó la institución de seguridad, dirigida en ese entonces por Pompeyo Bonilla, se les acusó de robo agravado y violación de los deberes de los funcionarios.

Un empresario del transporte urbano con quien dialogó Criterio.hn y que no recordó la ejecución de los universitarios estableció que el robo y la violación de los deberes de los funcionarios, no eran las únicas actividades delictivas que ejecutaban los agentes de la posta de La Granja, sino que también se dedicaban a extorsionar a las unidades de transporte urbano que frecuentaban diariamente el barrio La Granja.

“Uno no denuncia por desconfianza, misma que surgió cuando en la posta (policial) de La Granja encontraron libros, libretas, números de rutas de autobuses, y el dinero que pedían ellos. Es decir, la misma Policía estaba infiltrada por el crimen organizado”, comentó el ejecutivo de transporte de unos 50 años mientras era entrevistado en su oficina.

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Cómo inició la extorsión en el transporte

Los transportistas comenzaron a ser víctimas de la extorsión hace 22 años, confesó un empresario del transporte, quien detalló que fue la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18 que comenzaron a pedir para el “fresco”, a cambio de brindar seguridad a los transportistas.

“Se les daba 10 o 20 lempiras. Así, de manera gradual e inocente, comenzamos a ser víctimas, a tal grado que, en los siguientes años, se convirtió en una ley. Primero se les pagaba a dos grupos criminales: Barrio 18 y Mara Salvatrucha, posteriormente surgieron otros grupos como Los Chirizos”, contó el empresario del transporte urbano capitalino.

Comentó que siempre han denunciado ante las autoridades, pero la mayoría de los casos son ignorados y, por ese motivo, el crimen organizado se fue fortaleciendo y modernizando a tal punto que el pago ya no se hacía de manera presencial, sino que a través de billeteras electrónicas.

“Después se concretó el pago a través de agencias electrónicas por medio de Tigo Money. Claro que lo denunciamos, dábamos los recibos, pero las autoridades decían y continúan sosteniendo que no pueden hacer nada porque no tienen acceso a esa plataforma y, las cuentas, están a nombre de personas fallecidas”, mencionó.

Y, aunque los empresarios del transporte urbano capitalino continúan quejándose que el crimen organizado, ejercido por las maras y pandillas, les está drenando gran parte de su capital, en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público entre 2019 y 2023, no se refleja este descontento, lo que, en consecuencia, desencadena impunidad.

Criterio.hn analizó dos bases de datos proporcionadas por el Ministerio Público, en las que se indica que, entre 2019 y 2023, ningún transportista del Distrito Central denunció ser víctima de extorsión, ni tampoco hubo trabajadores de ese rubro denunciados por ese ilícito. En palabras sencillas, la criminalidad en el rubro continuará campante por falta de señalamientos.

“Al transportista le da temor hablar. Dentro de las terminales hay mucho miedo y desconfianza, no puede comentar que irá a denunciar porque, el pandillero o marero infiltrado, lo comunicará a la organización criminal. Esa es una realidad que se está viviendo y sería uno de los factores de la falta de denuncia y delitos relacionados”, explicó el funcionario de las fuerzas de seguridad estatal.

Aunque la Secretaría de Seguridad establece que cuenta con mecanismos para brindar protección a los empresarios y transportistas que son víctimas de sus compañeros afiliados a una agrupación criminal, fuentes consultadas por Criterio.hn aseguran que la misma institución podría tener algún tipo de vínculo con estas estructuras criminales.

Justamente para evidenciar la inoperancia de la institución, don Javier Francisco, el taxista víctima de la infiltración del crimen organizado, relató a Criterio.hn que, después de presentar una serie de denuncias, fue designado como testigo protegido por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). Sin embargo, no recibió la protección prometida y tampoco se llevaron a cabo operativos de investigación para detener a los delincuentes responsables de la extorsión en el punto, que está compuesta por casi una veintena de unidades.

Proporcionó detalles sobre algunos delincuentes que estaban perpetrando la extorsión. Según explicó, eran “buseros” que trabajan en una ruta interurbana de una colonia al sur de la capital, donde la Mara Salvatrucha tiene presencia. Estos individuos se hacen pasar por pandilleros de la 18 para exigir el pago de la extorsión. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue desalentadora y poco esperanzadora.

“Ustedes tienen que empezar a pagar para que no haya muertos”, sugirió un inspector de la Dipampco, a lo que don Javier Francisco cuestionó: “si tienen toda la información, ¿por qué no los arrestan?”. Al no recibir una respuesta satisfactoria, el taxista, continuó pagando la extorsión a esta banda delictiva integrada por transportistas, liderada, según la denuncia, por un joven que no supera los 30 años y que, hace unos meses, huyó ilegalmente a Estados Unidos después de ser perseguido por pandilleros de la 18.

La agrupación criminal, que usurpa a la pandilla 18, se encuentra bien estructurada y está integrada, en su mayoría, por “buseros” y mujeres. Estas últimas cumplen con la función principal de recolectar el dinero depositado en la cuenta de Tigo Money. “Ellas iban a recoger el billete; algunas también se han ido para los Estados Unidos. Esto también lo denunciamos”, agregó don Javier Francisco.

Ante la negativa y la inacción de la institución policial, don Javier Francisco decidió no colaborar como testigo protegido. A pesar de las afirmaciones de las autoridades de proporcionarle protección, él se siente abandonado y desprotegido, piloteando su unidad desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. “Ellos [Policía] están coludidos con el crimen organizado. ¿Por qué nunca procedieron con las detenciones? ¿O al menos investigar la zona donde está el punto? Pero ni siquiera eso hicieron, preferían que pagara la extorsión, argumentando que podría haber víctimas mortales”, expresó con evidente molestia.

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Las zonas de mayor peligro

Para cotejar cuáles podrían ser algunas de estas rutas denominadas las más peligrosas, tanto para transportistas como para usuarios, Criterio.hn cruzó información revelada por el oficial de inteligencia de Estado y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), ente encargado de regular el transporte urbano y privado en Honduras.

Se concluyó que hay rutas como, la que inicia en la colonia Cerro Grande, pasa por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y termina en la colonia La Esperanza, son de las más peligrosas, porque el recorrido inicia donde hay dominio de la pandilla Barrio 18 y termina en donde está la presencia de la MS-13.

De igual manera, existen rutas urbanas en la capital que son objeto de extorsión por parte de agrupaciones criminales surgidas en los últimos años, algunas conformadas por los propios transportistas que vieron la oportunidad de comenzar a cobrar a sus colegas, como en el caso de Los Puchos.

“Estaban Los Benjamins, que en su momento fueron desarticulados casi en su totalidad, pero al quedar debilitados se asociaron con la banda criminal Los Puchos, que opera en [la colonia] Suyapa y tiene a algunos transportistas vinculados con actividades ilícitas”, detalló el oficial de inteligencia del Estado a este medio digital.

Según información obtenida por Criterio.hn, esta alianza delictiva entre estas agrupaciones se fraguó a través de sus cabecillas, quienes llevan más de cinco años tras las rejas por diversos delitos, principalmente extorsión. No se pudo determinar si alguno de ellos estuvo involucrado en el sector del transporte urbano antes de su detención.

Los datos, compartidos por una agencia estatal, indican que Max Lorenzo Álvarez Zamora, líder de Los Benjamins, se asoció con el jefe de Los Puchos, Junior Joel Colindres, alias ” El Panza“, mientras estaban recluidos en el centro penal de Choluteca, al sur de Honduras. La alianza ha permitido que ambos planifiquen la comisión de delitos en la capital.

De hecho, un antecedente que respalda lo anteriormente expuesto es que hace un año, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) arrestó a tres supuestos miembros de Los Puchos, incluida una menor de 15 años, en la Cuarta Avenida de Comayagüela por extorsión, asesinato y tráfico de drogas, delitos que ejecutaban por orden de su líder “El Panza”.

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Los trabajadores pagan con su vida

Leonel, un joven que trabajó hasta 2018 como cobrador de autobús en la ruta Suyapa-Mercado, asegura que los dueños de las unidades de transporte urbano también tienen un grado de responsabilidad, sobre todo, en la violencia que afecta a los empleados, “a los que ponen el pecho”, como afirma él.

“El problema es que el dueño de la unidad también se desentiende completamente. El dueño sólo facilita la unidad y exige la cuota que le corresponde”, relata Leonel, quien, aunque lleva cerca de seis años retirado del rubro, todavía habla en primera persona del plural ―asegura― como una forma de empatía hacia sus excompañeros, que todos los días se enfrentan a la extorsión, a las amenazas, al miedo de morir con una bala en el cráneo.

Para Leonel, una de las principales complejidades que enfrenta el transporte urbano es la falta de control y el evidente desinterés de los dueños de las unidades. “No hay un sueldo fijo”, dice. “Al dueño sólo le importa que hagamos la cantidad de vueltas diarias, que son entre siete y ocho, y por eso a veces los ‘rapiditos’ caminan como locos”.

Al final del día, la contabilidad funciona así: cuota del dueño, cuota de extorsión, cuota de combustible, coimas a funcionarios y salario del conductor y el cobrador.

Aunque los empresarios del transporte consultados durante esta investigación insistieron en que el salario del conductor es de 600 lempiras diarios (USD 24.5), Leonel asegura que eso es falso. “No hay un salario fijo, primero toca cumplir con la cuota del dueño y la extorsión, que nunca varían, después con la del combustible, y abajo queda el salario del chofer y el cobrador”.

La nublada tarde del jueves 20 de octubre de 2022, Allan Eduardo Andino Díaz arrancó su unidad, un Hyundai County con número 702, de la ruta Col. Suyapa-UNAH-Mercado. Había avanzado algunos metros del Bulevar Suyapa cuando tres sicarios, armados, irrumpieron en el automotor y se dirigieron directamente a él.

― ¿Por qué no contestaban el teléfono? – gritó uno de ellos, frente al pavor de los pasajeros.

― ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

Según las personas que se encontraban dentro de esa unidad, esas fueron las últimas palabras que escuchó Andino Díaz, de 38 años, antes de ser acribillado por los sicarios, quienes huyeron de la escena corriendo, reportaron los medios en aquel momento.

Pero, ¿qué representa el teléfono dentro de los esquemas de extorsión?: “sencillo, a usted le llevan el teléfono, y le dicen que tiene que contestar sí o sí cuando reciba una llamada de un número específico”, explica Leonel.

El teléfono lo lleva un “palabrero” o “bandera” de la estructura criminal, usualmente cuando se informa acerca de un incremento a la tarifa de extorsión.

“El palabrero tiene una orden clara para el chofer: entregarle el teléfono al dueño de la unidad, pero sea quien sea que lo tenga en sus manos, el dueño o el chofer, si ese teléfono suena, usted tiene que contestar”, agrega Leonel, quien admite haberse retirado del transporte por miedo y ahora trabaja en un emprendimiento familiar con su hermana y su madre.

― ¿Y si no contesta?

―Lo amenazan o simplemente lo matan.

“Cómo puede ver, el pecho lo pone el chofer, casi siempre, por eso usted ve a quiénes matan. El dueño de la unidad negocia con las maras o las pandillas, pero se arriesga mucho menos que el chofer”, cierra Leonel.

Entre 2019 y 2023, en el Distrito Central, fueron asesinadas 195 personas que laboraban en el transporte urbano, de acuerdo con una base de datos de la Secretaría de Seguridad a la que accedió Criterio.hn durante esta investigación. De ellos, 55 aparecen categorizados como taxistas, 76 como motoristas, 10 como ayudantes de autobús, 12 como cobradores de autobús, 18 como conductores de mototaxis, ocho como transportistas y 14 como conductores.

Además, de estos 195 empleados del transporte urbano, se identificó que 29 murieron a bordo de sus unidades, de estos 12 eran motoristas de autobús, ocho taxistas, cinco cobradores de autobús, un conductor de mototaxi y tres indeterminados.

Criterio.hn conoció, a través de expedientes suministrados por la Secretaría de Seguridad, que 21 de estas personas murieron como víctimas de extorsión, una por rivalidad entre maras, pandillas y crimen organizado y una por asuntos de drogas.

Incapacidad estatal para regir el transporte

Aunque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro implementó un estado de excepción para supuestamente combatir varios delitos, con énfasis en la extorsión, los resultados han sido pobres o casi nulos. Mientras la población y defensores de derechos humanos se queja por la suspensión de las garantías ciudadanas que implica la implementación de esta medida a partir de 6 de diciembre de 2022.

Los expedientes judiciales examinados por Criterio.hn indican que, al menos hasta el 31 de octubre de 2023, el estado de excepción había tenido un impacto limitado en la judicialización de casos relacionados con la extorsión.

Durante los primeros 10 meses de 2023, los Juzgados de Letras Penal a nivel nacional recibieron 135 requerimientos fiscales por extorsión. Sin embargo, sólo se documentaron 65 sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado, donde el imputado admitió su culpabilidad, y se registraron 113 autos de apertura a juicio.

Entre tanto, en 2019, ingresaron 669 requerimientos a los juzgados penales de todo el país, resultando en 178 sentencias condenatorias a través de procedimiento abreviado y 274 aperturas a juicio. Estos datos plantean la siguiente interrogante: ¿Está generando el plan antiextorsión resultados significativos en el ámbito judicial?

Para la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, la falta de control que existe en el transporte conlleva una corresponsabilidad por parte del Estado, los dueños de las unidades y los conductores.

“Acá hay que echarle la culpa a alguien, y el primer culpable es el Estado, que no obliga al transporte urbano a respetar las normas. Por otro lado, los empresarios contratan a quien sea para operar estas unidades, sean autobuses o taxis. Entonces, en ese estado de impunidad, si sabes que nadie te va a controlar, podes llevar drogas, podes llevar armas”, dijo Ayestas en conversación con Criterio.hn.

Para conocer la efectividad e impacto que han tenido diversas instituciones en esta lucha, Criterio.hn cotejó las acciones realizadas principalmente por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), encargado de regular la operatividad del transporte urbano y privado; la Policía Nacional en el control y prevención del delito y la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el orden vial.

A pesar de que la Ley del IHTT, en sus primeros artículos, establece que a los empresarios del transporte se les debe otorgar un permiso de explotación de ruta y a los conductores, un certificado de piloto, el actual gobierno, al igual que los anteriores, ha incumplido con esta normativa, siendo uno de los principales factores que ha entorpecido la lucha contra el crimen organizado ejercido en el transporte en la capital.

En Tegucigalpa y Comayagüela circulan 1,659 autobuses de transporte urbano y 7,300 taxis, entre colectivos y de barrido, por lo que debería haber un número superior de certificados de pilotos entregados por el IHTT, ya que también existe el transporte interurbano e internacional. Sin embargo, los expedientes analizados por Criterio.hn indican que no hay ni mil certificados activos en el Distrito Central.

Según el análisis, durante 2022, 2023 y los primeros meses de 2024 se entregaron 877 certificados de pilotos, y lo paradójico del caso es que, durante 2019, 2020 y 2021 no se entregó ninguno.

Con los datos del IHTT y los testimonios recabados de los empresarios, en el rubro del transporte hay un factor crucial: la mayoría de las unidades son piloteadas por personas de entre 19 y 30 años, que podrían ser más susceptibles a tener vínculos con las agrupaciones criminales, lo que les impide cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de transporte para obtener el certificado.

La premura por cumplir con la cuota diaria que se debe entregar al dueño de la unidad, además de las tres o cuatro rentas que se pagan a las organizaciones delictivas, combinado con la inexperiencia al volante de los conductores, desencadenan otros conflictos que mantienen en convulsión a la capital: accidentes de tránsito y tráfico vehicular.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).