Escrito por Valeria Solís
Editado por Mario Cerna
El Congreso Nacional (CN), aprobó la Ley de Condena al Golpe de Estado de 2009 y la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia; ley que según muchos sectores blindará los actos de corrupción realizados durante el mandato de Manuel Zelaya Rosales.
Tras el Golpe de Estado al gobierno del expresidente Zelaya, fueron numerosas las persecuciones políticas y enjuiciamientos dados desde lo sucedido en junio del 2009.
Ante la situación, el CN actual aprobó dos leyes encaminadas a indemnizar el daño y otorgar una amnistía a quienes hayan sido víctimas bajo estas circunstancias.
Sin embargo, cabe destacar que la aprobación de estas leyes causó reacciones encontradas en la población, los sectores públicos y privados; afirman que, esta ley es un pacto de impunidad.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) e incluso la designada presidencial Doris Gutiérrez anunciaron su postura en contra de la ley.
Estoy de acuerdo en que se aprueben leyes para favorecer a más de un millón de hondureños que no paguen energía, en la amnistía para presos políticos, pero JAMÁS APOYARE PACTOS DE IMPUNIDAD PARA FAVORECER A FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y LADRONES DEL ERARIO PÚBLICO
— Doris Gutierrez (@Doris_Gutierrez) February 4, 2022
Análisis de la Información
El equipo de Honduras Verifica, por medio de la metodología de Fact Checking o verificación de datos, se dio la tarea de revisar la ley aprobada y consultando a expertos en derecho, confirmar las teorías y posturas surgidas ante la aprobación de esta ley.
Primeramente, la primera ley aprobada denominada “La Condena del Golpe de Estado”, presentada por el diputado de Libre, Rasel Tomé, tiene como objetivo derogar el Decreto Legislativo del CN del 2009, que establecía la salida de Manuel Zelaya y nombraba su sucesor a Roberto Micheletti.
Igualmente el proyecto de ley prohíbe la modificación o alteración de los artículos constitucionales que establecen el período de gobierno, forma de gobierno y las prohibiciones para ser presidente.
Por último, la ley también busca crear una plaza llamada “Isis Obed”, en honor a la primera víctima asesinada gracias a la persecución política del 2009.
Ahora bien, la segunda ley aprobada sobre la Amnistía Política, establece en uno de sus incisos, que esta tiene validez para los “funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009”.
La amnistía de manera “amplia, absoluta e incondicional” incluye delitos como, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, terrorismo, entre otros.
Lo anterior podría dar paso a una potencial absolución de penas para los acusados y una terminación de sentencia para aquellos funcionarios sentenciados por los delitos previamente mencionados.
Por ejemplo, Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), sentenciado hace cinco años a servir una condena de nueve años en prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya, acusado del delito de malversación de fondos públicos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Flores se encuentra exiliado en Nicaragua. Esta ley le permitiría el retorno seguro a Honduras.
Todo lo que conlleve lucha anticorrupción se acompañará, pero ayer se eligió al nuevo Procurador y Subprocurador de la República sin audiencias públicas y sin evaluaciones curriculares, también, este tipo se inmunidad es inaceptable. 👇🏽 pic.twitter.com/pJTBBCMQbH
— Rafa Jerez (@RafaJerezHn) February 3, 2022
En segunda instancia, el abogado Rafael Jerez, aclaró al equipo de Honduras Verifica, que la aprobación de este segundo decreto implica una amnistía inmediata, ya que, no se especifica la institución pertinente que la otorga.
Ambas leyes fueron aprobadas el 3 de febrero y publicadas el día siguiente en el Diario La Gaceta.
Si bien parte de la ley para la amnistía política beneficia a todos aquellos que fueron perseguidos injustamente, esta ley igualmente establece que la amnistía la gozan los funcionarios públicos que ejercieron sus cargos durante todo el gobierno de Zelaya, excusando a muchos de los delitos establecidos, 29 exactamente.
El veredicto
Bajo la metodología establecida por el equipo de Honduras Verifica, tras la revisión de las leyes aprobadas y consultas a expertos en derecho, se concluye que esta información es verdadera.
