Editado por Paola Ávila
La Policía Nacional (PN) de Honduras registra 18,436 armas incautadas durante el año 2018 al 2022, según estadísticas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
La incautación de armas es un procedimiento realizado constantemente por las autoridades hondureñas debido a los altos índices de violencia en el país, lo que conlleva una portación ilegal de armas por aquellos involucrados en delitos.
En el 2021, agentes de Seguridad decomisaron un promedio de cuatro armas diarias, según declaraciones del portavoz de las Fuerzas Armadas, José Coello.
Por su parte, aunque no se cuenta con una media de las armas incautadas diariamente en los primeros meses del 2022, desde enero hasta abril del año en curso se han decomisado 739 armas.
Lo anterior equivale a aproximadamente ocho armas diarias si se distribuye de manera equitativa la cantidad de decomisos por los días del año transcurridos en los primeros cuatro meses del 2022.
La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, es la legislación encargada de establecer las delimitación entre lo ilegal y legal en cuanto a armas, municiones y procesos para incautaciones.
Aunque la incautación de armas revela que la Policía Nacional cumple con su labor establecida por la Ley del Control de Armas, estas cifras también indican que la cantidad de armas ilegales circulando en la población y en grupos delictivos ha incrementado.
En comparación al 2018, la incautación de armas disminuyó y se mantuvo estable en los años de 2020 y 2021, con 3,878 incautaciones.
Armas de fuego
Las armas que se decomisan con más frecuencia son de tipo M-16, AR-15, AK-47, FAL (Fusil Automático Liviano), revólveres y lanzagranadas; no obstante, desde el 2018, las pistolas son las que se mantienen en el primer puesto de incautaciones.
Por lo tanto, aunque en los últimos dos años la incautación de armas ha disminuido, el decomiso específico de pistolas se mantiene en el mismo rango; es decir, aproximadamente unas dos mil incautaciones al año.
En cinco años se han incautado un total de 10 mil 147 pistolas, lo que representa el 55 por ciento de las incautaciones realizadas.
En segundo lugar, se encuentra la incautación de revólveres con un total de 4 mil 788 armas decomisadas en los últimos cinco años, al cual le sigue el fusil con mil 500 incautaciones.
Honduras, el país más violento de Centroamérica
Según reportes del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), en el 2021 el país alcanzó un total de 37.57 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que lo convierte a Honduras como el país más violento de Centroamérica.
Igualmente a nivel Latinoamericano Honduras se posicionó en 2019 como el tercer país más peligroso y el primero más violento de Centroamérica; estadística que se ha mantenido.
Cabe resaltar que, según el Ministerio Público (MP) y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la razón número uno de homicidios en el país es por causa de armas de fuego.
Sobre ello, en el 2019, un 73 por ciento de las muertes a nivel nacional fueron causadas por un arma de fuego, según estadísticas del MP.
Por otra parte, no solamente son relevantes las cifras de las incautaciones de armas y los tipos de armas incautadas con más frecuencia, sino que también las zonas donde se incautan más armas.
Los departamentos con más incidencias en la incautación de armas en los últimos cinco años son Cortés, con un total de 4 mil 905 decomisos; y Francisco Morazán, con más de 2 mil 600 incautaciones, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad.
Así mismo, Yoro, Olancho y Comayagua son otros departamentos con altas cifras de incautaciones de armas.
Tomando esto en consideración, acorde a diversas estadísticas, los departamentos con más incidencias de incautación de armas se podrían considerar como los más violentos del país.
Cabe destacar que departamentos como Yoro y Olancho son conocidos por su histórica relación con el narcotráfico; desde narcolaboratorios, plantaciones de la planta de coca, hasta exalcaldes líderes de bandas narcotraficantes, tal como Arnado Urbina Soto.
Según datos de (SEPOL), Cortés fue el departamento con más homicidios en el 2021, registrando el 19.4 por ciento de este delito a nivel nacional; es decir, 757 homicidios.
En segunda instancia, Francisco Morazán tuvo un total de 607 homicidios el año pasado, lo que representa un 15.6 por ciento de los asesinatos.
Por último, concordando con las cifras de incautación de armas, en el 2021, Yoro se posicionó en el tercer lugar con la mayor cantidad de homicidios en el territorio nacional.
Municiones
No solamente la incautación de armas, sino que también la incautación de proyectiles o municiones a nivel nacional representan cifras altas.
Según una investigación realizada por Insight Crime en Honduras, el mercado más vibrante, aparte del de las pistolas y armas de asalto, es el de las municiones.
En los últimos ocho años se han incautado en Honduras alrededor de 240 mil unidades de municiones, según datos de la Secretaría de Seguridad, siendo, en su mayoría, proyectiles para AK-47 y AR-15.
El 2017 fue el año con la mayor cantidad de incautaciones de municiones a nivel nacional, con un total de 71 mil 850 municiones incautadas.
En comparación a años anteriores y posteriores, el 2017 presenta un pico en las municiones incautadas, cabe señalar que el ambiente político en Honduras ese año se tornó tenso por la reelección del expresidente, Juan Orlando Hernández, lo que desencadenó protestas violentas, robos, incluso muertes.
Por otro lado, la mayor cantidad de armas y municiones decomisadas son fruto de la captura de personas pertenecientes a bandas criminales, que utilizan armas principalmente para crímenes de sicariato y extorsión.
No obstante, la raíz del problema no solo se debe al crimen organizado, sino también a la facilidad que hay a nivel nacional para que este tipo de organizaciones compren armamento debido al problema de tráfico de armas y municiones.
Panorama: Tráfico de Armas
El tráfico de armas en Honduras ha sido difícil de controlar a través de los años debido a dos factores; uno de ellos es la falta de transparencia por parte de la institución encargada del decomiso y de la portación de armas, lo que ha provocado que el problema se extienda y se mantenga. El otro factor relevante es la venta y compra por el mercado negro.
Según el artículo 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosiones y otros similares, el ente oficial encargado de la aplicación de la ley es otorgado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, es decir, la Policía Nacional.
A pesar de que las regulaciones, prohibiciones y requisitos para portar armas estén establecidos en la ley, una investigación realizada por Insight Crime en el 2017 reveló que hay inconsistencias que permiten que haya fallos en el sistema, lo que facilita el tráfico de armas.
Por su parte, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en su informe sobre armas de fuego en Honduras, reveló que el ejército se encuentra por encima de la ley cuando se trata de reportes sobre la existencia de municiones, explosivos y armas.
“La base de datos de balística no contiene información sobre armas de fuego pertenecientes a las fuerzas militares o de seguridad, pero la Ley de Armas de Fuego sí exige que el ejército mantenga un registro diario especial sobre sus armas de fuego y los inventarios de municiones, que también se divulga en su ley orgánica”, especifica el informe de la ATF.
Cabe destacar que la Ley de Armas de Fuego no incluye disposiciones sobre el control de inventarios ni de armas ni municiones para las fuerzas de seguridad pública.
Otro problema es que, según la ATF, las ventas de armas de la Armería son la segunda fuente de ingresos más importante para el Instituto de Previsión Militar (IPM), lo que puede incentivar a los militares a incrementar la venta de armas para el financiamiento de sus pensiones.
Aunque esta es una suposición realizada en la investigación de la ATF, la Armería no se encuentra obligada por la ley a reportar el registro de las importaciones, ventas y medidas regulatorias sobre la compra y venta de armas y municiones.
Por su parte, la Armería sí cuenta con protocolos para la venta de armas; sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para que las armas no caigan en manos de organizaciones criminales.
Según datos del MP, alrededor del 20 por ciento de las armas decomisadas a los Valle Valle fueron compradas en la Armería. Uno de los hermanos, Luis Valle, portaba un arma que tenía registrada en el Registro Nacional de Armas de Fuego.
Mercado Negro
La incautación de armas es un reflejo de la problemática del crimen organizado en el país, y detrás de ello, se encuentra la facilidad para la obtención de armas y municiones en el mercado negro.
El mercado de reventa es aquel que se presenta al momento de la compra y venta de armas ilegales con más frecuencia.
Actualmente y según la investigación de Insight Crime, tiene predominancia la compra de armas a través de redes sociales, especialmente por medio de Facebook.
Grupos privados como “Venta de Armas SPS” son uno de los pocos grupos en Facebook que se dedica a la venta de armas. En el 2017, este grupo tenía más de 400 miembros.
En el 2022 esta cuenta específica se encuentra cerrada por Facebook por el tipo de contenido, sin embargo hay numerosas páginas como esta que se mantienen activas.
La compra de armas sin registro conocidas popularmente como “pandas”, es tan fácil como escribir un mensaje por medio de grupos con invitación en Facebook, mensajes privados por Messenger e incluso, grupos de WhatsApp.
Otro medio para la compra ilegal de armas son las casas de empeño, establecimientos que, por lo general, no tienen regulaciones estrictas ni papeleo que haya sido supervisado, por ende, la venta de armas de forma clandestina prevalece en esos lugares.
Policía Nacional
Primeramente la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosiones y otros similares, según el artículo 2, es el ente oficial encargado de la aplicación de la ley es otorgado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, es decir, la Policía Nacional.
Estas son algunas de las leyes claves que contiene esta legislación:
Sobre el proceso que sigue después de la incautación de armas no se tiene un registro centralizado de todas las incautaciones que se realizan día con día.
Cada comando de policía tiene un lugar donde guarda las armas que confisca durante seis meses; después de ese tiempo, las armas son enviadas a su oficina, según comentó a Insight Crime, el inspector que administra el depósito central de armas confiscadas por la policía.
La razón de ese sistema se debe a que, luego de incautar o decomisar el arma , si una persona presenta los papeles necesarios para portarla, esta puede ser devuelta a él, en caso de que este la reclame.
Lo anterior, según la ATF, representa un riesgo debido a que dentro de la Policía Nacional han habido acusaciones de corrupción a nivel interno.
Tales como el caso de los 13 policías que trabajaban para la MS-13 en el 2015 y fue revelado en un informe de los servicios de inteligencia del Estado, publicado en 2016.
En uno de los casos más recientes, en el 2021 se realizó la captura de cuatro oficiales y tres agentes de Policía en Olancho, la noche del viernes 8 de octubre, cuando trasladaban 19 kilos de supuesta cocaína en dos mochilas.
Estos casos de corrupción indican los posibles lazos de instituciones estatales con el crimen organizado.
Según el MP, las personas procesadas por portar un arma de forma ilegal son una minoría.
Por otro lado, la parte final del proceso de las armas incautadas es cuando estas son destruidas o fundidas.
Sobre ello, la Policía Nacional cuenta con una cortadora hidráulica, la cual fue donada por los Estados Unidos, y del 2014 al 2018 se destruyeron un total de 7 mil 680 armas.
Las cifras de las incautaciones tanto de armas como de municiones a nivel nacional es un indicador claro que enfatiza una fenómeno peligroso en el país.
Problemáticas de índole criminal, tanto como deficiencias institucionales, hacen de la portación de armas ilegales una realidad en Honduras que seguirá siendo una recurrencia este 2022 respaldado por los datos obtenidos durante esta investigación.
