Escrito por: José Alejandro Ventura
Editado por: Angelo Avila
En Honduras los crímenes de odio y vulneración de derechos humanos a miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI) superan cifras cada año, la mayoría de los casos continúan impunes.
Desde 2009 hasta 2021 murieron violentamente 434 personas LGTBI. El año 2022 supera crímenes de odio hacia estos hondureños.
Hasta el 13 de junio de 2022 del año en curso se registraron 20 muertes violentas.
Según versiones de las organizaciones y familiares, muchas de las víctimas en la actualidad están desaparecidas, cuyo paradero es desconocido. Las organizaciones orientadas a la comunidad LGTBI se enfrentan ante el flagelo llamado impunidad, que supera al 90% en crímenes de odio.
El Observatorio de muertes Red Lésbica Cattrachas reunió que solamente 29 crímenes durante los últimos cinco años han sido judicializados.
Del total de muertes en el país se judicializaron 99 casos, de los cuales para 35 homicidios dictaron sentencia condenatoria, contabilizó la red.
El año 2017, fue uno de los que más casos de muerte judicializó, 13 casos de 34 muertes violentas para ese entonces, lo cual se traduce en que se llevó a los tribunales el 38% de casos.
No obstante, en una comparativa, en 2015 solo tres casos se judicializaron de 37 muertes violentas para ese año. Esto representa apenas el 8% de las muertes registradas en 2015.
Los altos índices de impunidad reflejan una dificultad al momento de interponer una denuncia por temor.
Convirtiéndose Honduras, en uno de los peores países de Latinoamérica para ser una persona de la comunidad LGTBI.
Honduras Verifica con su metodología de investigación decidió analizar casos que conmocionaron a la sociedad hondureña relacionados con la integridad física, discriminación y acoso hacia las personas LGTBI.
En Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiyi y Suiza; existe una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual, sea de forma explícita o por decisión de la justicia.
La protección constitucional incluye la prohibición de discriminación por su orientación sexual.
En el antiguo Código Penal de Honduras, existía un castigo por el acoso sexual callejero. En el actual y con el nuevo Código, ya no existe este artículo en contra del acoso sexual callejero.
Caso Vicky Hernández
Vicky Hernández ejercía el comercio sexual, además, fue activista y defensora de los derechos de las personas transexuales en la ciudad de San Pedro Sula.
El 28 de junio de 2009, fecha del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales, mientras estaba vigente un toque de queda impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, Vicky fue asesinada en la madrugada del 29 de junio de ese mismo año.
Con su asesinato comenzó la persecución de 15 mujeres transexuales que fueron ejecutadas durante el golpe de Estado. Vicky fue la primera mujer trans asesinada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó conocimiento por primera vez de las ejecuciones extrajudiciales durante el golpe de estado de 2009.
El Estado hondureño es responsable por el retardo injustificado en la investigación del asesinato de Vicky, declaró en marzo de 2021 la CIDH. Ordenando así la eliminación de las barreras legales que limitan y restringen los derechos humanos basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
Por tal razón, se solicitó crear programas de becas educativas a favor de mujeres transexuales, nombrándolas “Vicky Hernández” además de adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.
Situación en Honduras
El equipo de investigación analizó datos de la asociación Cattrachas, en relación a la cantidad de asesinatos en el país.
Para los fines de la investigación, Honduras Verifica, tomó de referencia la perspectiva desde el golpe de Estado en Honduras abarcando las zonas con gran número de incidencias.
Al norte de Honduras en el departamento de Cortés se contabilizan mayor número de asesinatos un total de 166 muertes violentas.
En la zona central, Francisco Morazán, es el segundo departamento que registró 158 asesinatos contra personas LGTBI
Entre otros departamentos con registros de muertes violentas está Atlántida con 22 crímenes, seguido de Yoro con 17 asesinatos y La Paz que solo registra un asesinato en 13 años.
Mientras tanto, en los departamentos de; Lempira, Intibucá y Gracias a Dios, no se reportan asesinatos hacia las personas de esta comunidad.
Esto no significa que sean los departamentos más seguros o con mayor aceptación en el país, la discriminación se sigue presentando en estos lugares.
Es imperativo la instalación de la Unidad de Muertes de Impacto Social en la zona litoral atlántico.
La unidad actualmente está dividida por la noroccidental, centro sur y es la zona noroccidental con la mayoría de los casos, por consiguiente, la carga de investigación representa sistemas investigativos débiles.
Desde el año 2012 al 2019 se observó un incremento de las muertes violentas, seguido de personas transexuales, en su mayoría fueron mujeres transexuales y un número mínimo de hombres transexuales.
Odio, discriminación y desplazamiento
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas LGBTI se encuentran actualmente entre los 84 millones de personas que están siendo desplazadas en todo el mundo.
En los últimos meses muchas personas de la comunidad, optan por una migración forzosa en búsqueda de un lugar seguro, con el fin de proteger su integridad física.
En la Corte de los Estados Unidos, actualmente 16 hondureños solicitaron asilo, entre ellos, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
Estas personas afirman viven en el área urbana y por la alta tendencia a la discriminación se ven obligados a huir del país.
En Honduras existe la discriminación no visible, una de las señales de esta es que las personas de la comunidad LGTBI no pueden donar sangre.
Para constatar esto, el equipo de investigación indagó el acuerdo ejecutivo 629 denominado “Norma técnica para el manejo de la sangre y los componentes sanguíneos” de la secretaría de Salud, en el cual claramente reza los requisitos para ser un donante.
El artículo 9 define quienes quedan excluidos de donar permanentemente, los incisos a y b del mismo artículo detallan que no pueden donar sangre las personas homosexuales y bisexuales.
En Honduras no existen leyes que favorezcan los derechos de la comunidad, haciendo que permanezca la constante discriminación.
La impunidad ante los ataques hacia las personas de la comunidad LGTBI, hace que la migración actúe como un mecanismo para salvar sus vidas.
La presidenta Xiomara Castro, en la toma de posesión prometió que la comunidad LGBTI tendría un lugar y atención precisa en su gobierno.
Para los activistas, el gobierno no asume casos de todo lo que nos prometió en su campaña por el miedo a las entidades religiosas que confunden y tergiversan la información.
A pesar de todo, los intentos de luchar contra la impunidad en los crímenes LGBTI en Honduras continúan. Sin embargo, algunas de esas iniciativas son promovidas desde el extranjero.
Antes del gobierno que lidera Castro, La Red Lésbica Cattrachas, redactó una carta dirigida hacia el fiscal general del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla y al exdirector de la Policía Nacional, Orbin Alexis Galo Maldonado.
En ella se solicitaba un análisis profundo de las razones por el alto nivel de impunidad en la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos violentos contra las personas LGTBI.
Además, la organización resalta las 34 sentencias condenatorias, divididas de la siguiente manera: 4 para lesbianas, 17 para hombres gay y 13 para personas transexuales.
Ninguna fue considerada móvil del crimen, por el agravante genérico establecido en el Código Penal por discriminación basado en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.
Son 10 años largos que la organización ha entregado a la información individual y pública de las personas LGBTI, muchas fueron asesinadas y registradas en el mismo Observatorio de Muertes Violentas de la asociación.
Por eso no solo se trata de Vicky, a ella se le suman 434 hondureños, muchos de los casos siguen esperando justicia, además de sufrir en vida exclusión social, odio, que terminó en acoso y muerte.
La deuda que tiene el país en investigación a muertes violentas y crímenes de odio en contra de miembros LGTBI cada día representa un aumento.
